Fuerte oposición al proyecto de Ley de Alquiler de Teresita Quintela


La Cámara Inmobiliaria Argentina, junto a todas las entidades que la componen (Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias, Cámara de Propietarios de la República Argentina, Cámara Inmobiliaria Argentina y el Centro Argentino de Derecho Inmobiliario y Propiedad Horizontal) declararon "cuasi dictatorial", "discriminatorio", "burocratizante", "irracional", "destructor de empresas", "violador de los derechos constitucionales de propiedad", "aniquilador de actividades comerciales lícitas", entre tantas otras cosas, al Proyecto de Ley sobre la Creación de la Organización Estatal de Vivienda para Alquilar y Regular Locaciones Urbanas, propuesto por la senadora riojana Teresita Quintela.

Sus fundamentos fueron varios y explícitos, detallados a continuación:
- Afecta la industria de la construcción, actualmente uno de nuestros principales motores económicos.

- Agrede el derecho constitucional de comerciar.

- Agrega más sujetos a funciones administrativas de bienes ajenos que alientan la corruptela y gestión de influencias.

- Aleja más a nuestra nación del mundo moderno, negando a las empresas su importante misión en el crecimiento económico, como enriquecer al Estado y promover el trabajo y la producción.

- Arremete contra el patrimonio de los ciudadanos.

- Ataca al derecho constitucional de propiedad.

- Castiga a los inversores en propiedades inmobiliarias que prefirieron arraigar sus finanzas sin girar sus ahorros al extranjero.

- Confisca los recursos de vida de quienes ahorraron en inmuebles para vivir de sus rentas.

- Corrompe la seguridad jurídica.

- Crea un burocrático y costosísimo ente público con facultades para administrar, construir, confiscar y alquilar inmuebles, con delegaciones en casi todas las ciudades del país o sea muchísimos más gastos y numerosos nombramientos inútiles.

- Desmemoria sobre el empobrecimiento edilicio producido por las rechazadas leyes de alquileres confiscatorias,

- Destruye el mercado de las locaciones.

- Desvanece cualesquier tipos de inversión en inmuebles para alquilar.

- Empobrece las ciudades porque dejarán de mantenerse los edificios destinados parcial o totalmente a locación.

- Extermina actividades principales de corredores inmobiliarios que intermedian en alquileres, coartando sus ingresos, al reducir comisiones y evaporar la potencialidad del mercado.

- Frustra numerosísimas actividades afines o parainmobiliarias.

- Fulmina a los inversores que construyeron o compraron edificios para alquilar y esos ingresos eventualmente comprometidos en otros negocios.

- Impulsa la quiebra de empresas y personas con activos inmobiliarios en alquiler.

- Liquida a casi todas las empresas constructoras de inmuebles, cuales seguramente desaparecerán del mercado por falta de inversores.

- Niega la realidad de un Estado propietario con muchísimos inmuebles mal administrados y casi todos usurpados o con numerosísimos alquileres irrisorios, con legítimas sospechas de connivencia entre los administradores oficiales y los seudoinquilinos beneficiados.

- Paraliza la construcción de inmuebles para alquilar y al dejar de construir se paralizan también todas las industrias afines y complementarias.

- Promete dádivas y beneficios negando la inoperancia del Estado y los cuantiosos recursos derramados en los incontables entes, fondos, bancos y funcionarios, de los estados nacionales, provinciales y municipales encaramados en actividades pro vivienda que aspiran todos los cuantiosos recursos afectados a ello.

- Promueve una nueva intromisión del estado en actividades privadas.

- Relega los derechos y patrimonios de unos para supuestamente beneficiar a otros.

- Viola la garantía del Estado del art. 6º de la ley 21.342.

- Vulnera consagrados derechos constitucionales del mundo libre.


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